Eddie Cóndor Chuquiruna
Abandonar la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una medida administrativa neutra; implica pérdidas concretas para la justicia, la legitimidad estatal y la protección de las personas. En el caso del Perú, renunciar a ese sistema significaría cerrar vías de acceso a la justicia internacional y debilitar los mecanismos que permiten sancionar y reparar violaciones graves de derechos humanos.
Primero, se pierde una instancia efectiva de control y reparación. La Comisión y la Corte funcionan como respaldo cuando las autoridades nacionales fallan, están coludidas o son incapaces de investigar violaciones graves. Casos emblemáticos -asesinatos, desapariciones, torturas y persecuciones políticas- encuentran en el sistema interamericano una vía para que las víctimas obtengan verdad, responsabilidades y reparación. Sin esa instancia, muchas causas quedarían sin un tribunal imparcial que ordene medidas concretas de investigación, reparación y garantías de no repetición.
Segundo, se pierde transparencia y escrutinio público. La posibilidad de que mecanismos internacionales examinen políticas de seguridad y el uso de la fuerza obliga a los Estados a rendir cuentas. Retirarse del sistema reduce la presión pública y técnica sobre prácticas represivas y facilita la impunidad, especialmente cuando las fuerzas armadas y policiales participan en violaciones de derechos. La ausencia de seguimiento internacional también limita la disponibilidad de informes técnicos y recomendaciones que orientan reformas institucionales.
Tercero, se socava la confianza en el Estado de derecho y la legitimidad internacional. El sometimiento voluntario a tribunales regionales no disminuye la soberanía; la enriquece, pues es una manifestación de compromisos compartidos. Renunciar a la Corte proyecta una imagen de retroceso democrático y aumenta el riesgo de aislamiento diplomático. Además, erosiona la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para proteger derechos fundamentales, con efectos negativos para la gobernabilidad y la cooperación internacional.
Cuarto, se reduce la protección preventiva y normativa. Las medidas provisionales y las sentencias de la Corte generan estándares jurídicos y políticas públicas que fortalecen la protección de derechos a nivel interno. Perder esa fuente normativa significa renunciar a criterios que guían la interpretación constitucional, la formación de políticas públicas y la capacitación de operadores judiciales y policiales.
Quinto, se limita la búsqueda de verdad y memoria histórica. En sociedades que transitan conflictos pasados, la Corte ha sido un instrumento clave para esclarecer hechos, identificar responsabilidades estatales y garantizar memoria y reparación. Su ausencia dificulta los procesos de reconciliación y la construcción de narrativas públicas sobre violaciones sistémicas.
Sexto, se corre el riesgo de legitimación política de violaciones futuras. Quienes impulsan la salida, por su perfil ideológico y sus declaraciones, buscan en muchos casos blindar actuaciones que podrían ser objeto de escrutinio internacional. La eliminación de esta ruta de control facilita prácticas represivas y reduce las barreras para políticas punitivas extremas.
A la luz de estas pérdidas, la respuesta apropiada frente a las deficiencias del sistema judicial nacional no es el retiro del Sistema Interamericano sino reformas internas que fortalezcan independencia, profesionalización y mecanismos anticorrupción, junto con la cooperación con órganos internacionales. La Corte complementa, no sustituye, a las instituciones nacionales; actúa cuando éstas no cumplen y establece estándares que mejoran su funcionamiento.
Invoco a la sociedad civil, a los operadores jurídicos y a las instituciones democráticas a defender la permanencia de Perú en la Comisión y la Corte. No se trata de ceder soberanía, sino de afirmar que una democracia madura reconoce límites al poder y mecanismos externos que protejan la dignidad humana. Abandonar la Corte Interamericana es, en suma, cerrar vías de justicia y renunciar a herramientas esenciales para la verdad, la reparación y la prevención de nuevas violaciones.
Eddie Cóndor Chuquiruna, es Abogado, analista, columnista, y consultor internacional.