Una nueva grieta se abre en la ya frágil estructura del sistema judicial boliviano. El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ángel Edson Dávalos Rojas, fue denunciado penalmente por presuntamente adulterar documentación oficial con el fin de cumplir los requisitos para postularse al alto cargo que hoy ostenta.
La denuncia, presentada por el ciudadano Rolando Reinaga, sostiene que Dávalos falsificó una certificación del Consejo de la Magistratura de Chuquisaca, haciéndose pasar por Vocal Constitucional hasta septiembre de 2021, cuando en realidad habría abandonado el cargo en junio de ese mismo año. Una maniobra que, de comprobarse, revelaría no solo un engaño deliberado, sino una profunda falla en los filtros del proceso de preselección judicial.
Según el abogado Sergio Gómez, parte del equipo jurídico del denunciante, el magistrado incluso habría cobrado sueldos por funciones que ya no ejercía, incurriendo así en usurpación de funciones y en el uso indebido de recursos del Estado.
Lejos de responder a las acusaciones con claridad, Dávalos optó por el silencio legal, absteniéndose de declarar ante el Ministerio Público, que ya concluyó la fase preliminar de la investigación y alista una imputación formal. Este silencio, aunque permitido por ley, se convierte en una afrenta moral cuando lo guarda una de las máximas autoridades de la justicia.
La denuncia, inicialmente ignorada por la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, cobra fuerza ahora con respaldo documental: actas judiciales, certificaciones, registros de personal y documentación de la Contraloría.
Para el denunciante, el caso de Dávalos es apenas la punta del iceberg de una estructura más amplia de manipulación dentro del Órgano Judicial, donde nombramientos y promociones responderían más a cuotas de poder que a mérito o legalidad.
Mientras tanto, el magistrado se defiende alegando persecución política, sin desmentir de forma clara las fechas ni las inconsistencias que lo acorralan.
En un país donde la confianza en la justicia se ha erosionado peligrosamente, un magistrado señalado por adulterar su hoja de vida debería ser ejemplo de transparencia, no de opacidad ni pretextos legales. Si la justicia ha de recuperar su dignidad, debe empezar por mirar dentro de su propio tribunal.