En el escenario político actual, donde la esperanza de un verdadero cambio democrático se abre paso con la candidatura de Andrónico Rodríguez, resulta inaceptable que sectores retrógrados y operadores disfrazados de activistas pretendan, mediante maniobras legales infundadas, impedir la voluntad del soberano. La reciente decisión de la Sala Constitucional Primera de Santa Cruz, que declaró improcedente la Acción de Cumplimiento presentada por Peter Berkhauser, no es solo una victoria legal para la Alianza Popular, es una advertencia contra los intentos sistemáticos de proscripción política.
Bajo el pretexto de una supuesta falta de renovación de directiva del Movimiento Tercer Sistema (MTS) —base legal de la Alianza Popular—, se buscó eliminar la personería jurídica de una fuerza política que hoy representa a miles de bolivianos. ¿Qué hay detrás de estos ataques? El temor al pueblo organizado. El miedo a que surjan liderazgos legítimos y nuevos como el de Rodríguez, que no deben favores a las cúpulas ni responden a intereses corporativos.
Esta acción, al igual que otras que podrían surgir en los próximos días, no busca justicia: busca venganza, manipulación del sistema y la anulación del voto popular antes de que siquiera se emita. Es una afrenta al derecho político básico de elegir y ser elegido, consagrado en nuestra Constitución Política del Estado (CPE).
Lo que está en juego no es solo la candidatura de un hombre, es el derecho del pueblo a decidir sin tutelajes, sin vetos y sin chantajes judiciales. La democracia boliviana no puede estar subordinada a caprichos legales camuflados de “acciones ciudadanas”. Hoy se ha dado un paso firme en defensa del voto y del pluralismo político. Mañana, el pueblo sabrá defenderlo en las calles, en las urnas y en la historia.